Ha llega un nuevo tipo de incendio a España, por Eduardo Rojas Briales

Las cifras de incendios de la presente temporada no han sido críticas. Tanto en superficie de bosque, como total afectada o en número de incendios estamos a un 50-70% de la media de la década anterior. No obstante, debemos reconocer que el primer semestre fue extraordinariamente lluvioso en buena parte del país y que aún no ha acabado la temporada.

Un aspecto destacado de 2016 han sido los incendios en la interfaz urbano-forestal como el reciente de Jávea o los de Madeira en agosto y Carcaixent en junio. Constituyen una nueva emergente tipología de incendio especialmente problemático bien conocida en Australia, la Costa Azul o California. La tradicional estructura territorial que los romanos denominaban hortus, ager, saltus y silva ha colapsado a la vez que desde los 60 el fenómeno de las segundas residencias se generalizó, en muchos casos en cercanía a masas forestales. Con ello, una parte no marginal del parque inmobiliario en España está ubicada en proximidad de masas forestales que por su juventud, fruto del reciente emboscamiento del paisaje, se caracterizan por modelos de combustible extremadamente peligrosos. Se trata de solares no edificados, antiguos cultivos abandonados y monte en proceso de recuperación. El sistema primario que venía regulando el crecimiento de biomasa mediante la extracción de leñas, el pastoreo y el cultivo ha desparecido a lo que se une la alegalidad de muchas de las construcciones. Todo un peligroso mix de abandono, expectativas y agravios relacionados con la especulación del suelo.

Al mayor riesgo de focos de incendio por la población estival en estas zonas se une el hecho que producido un incendio durante las primeras horas tan cruciales para dominarlo se distraen los medios en evacuar a la población y proteger las casas dejando expandirse el fuego sin control.

Este problema, que no puede endosarse a los servicios de extinción requiere, en primer lugar, de una verdadera ordenación del territorio que supere las limitaciones de la urbanística, miope en todo aquello que supere el casco urbano. La reducción del riesgo de desastres, que en nuestro país son básicamente de tipo hidrológico (desastre de Biescas hace 20 años) e incendios debe integrarse con los demás elementos de una planificación territorial considerando la preservación de la biodiversidad, las actividades productivas, las infraestructuras y la asignación de usos para así evitar inconsistencias entre sí. Estas zonas requieren adicionalmente de planes de autoprotección que aborden las infraestructuras y la evacuación, la gestión de la vegetación perimetral e interior de las zonas construidas así como información al vecindario sobre pautas de comportamiento tanto de prevención del riesgo como en caso de incendio. También se están estableciendo con buenos resultados redes de aspersores estratégicamente ubicados.

Hay que concienciarse que en nuestro clima resulta imposible erradicar el problema pero que si se actúa congruentemente podremos reducirlo a un nivel aceptable como se ha venido haciendo en la seguridad vial. Ello requiere que los ayuntamientos entiendan que su responsabilidad abarca la totalidad del término municipal y, en todo caso, descartar medidas milagrosas como condicionar en positivo o negativo la calificación urbanística posterior al incendio que solo nos llevan a distraer la atención del problema real.

*Eduardo Rojas Briales profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y decano del Colegio de Ingenieros de Montes.