Primeras reacciones a la suspensión de las primas a las renovables
Los afectados por el Real Decreto Ley para suspender temporalmente los procedimientos de preasignación de retribución renovable y los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, residuos y cogeneración, han manifestado sus opiniones en contra de esta decisión
El Gobierno ha decidido suspender los incentivos económicos para las nuevas plantas de energías renovables con el objetivo de contener el déficit del sistema eléctrico, una decisión acogida con sorpresa entre las empresas de los distintos sectores y criticada por los ecologistas. El ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, ha justificado la decisión en la situación de crisis económica, con necesidad de reducir la deuda pública, y de un sistema eléctrico acuciado por el creciente déficit de tarifa, que ya supera los 24.000 millones y que crece a un ritmo anual de entre 3.000 y 4.000 millones de euros.
Para comenzar a atajar este desfase, asumido primero por las eléctricas tradicionales y pagado por los consumidores a lo largo de los años posteriores a través del recibo de la luz, Industria ha dado el primer paso con las renovables, que el año pasado recibieron más de 6.500 millones de euros en subvenciones y este año cobraran más de 7.200 millones. No obstante, la decisión sólo afectará a nuevas plantas, no a las a las instalaciones ya en marcha, a las subvenciones ya autorizadas ni a las plantas ya inscritas en los registros de preasignación de primas del Ministerio. Las primeras reacciones por parte de las asociaciones ligadas al sector afectado no se han hecho esperar. La Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación Española de la Industria Termosolar (Protermosolar) y la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM) han expresado su preocupación por las repercusiones que tendrá la medida, tanto en el plano de desarrollo del sector como en el del empleo. Por su parte, las asociaciones ecologistas valoran la medida muy negativamente y exigen su rectificación.